En muchas ocasiones, dominados por el presente, preocupados por la coyuntura y sumergidos en un mundo ciertamente repleto de situaciones muy complejas, cuando no auténticos dramas -como es el caso de la presente guerra en Ucrania- no es sencillo pararnos un momento y reflexionar sobre lo mucho que la humanidad ha conseguido avanzar, en términos de desarrollo.

La palabra “desarrollo” representa un término que ha evolucionado con el tiempo: hace años venía a significar “desarrollo económico”. Y justo es decir que, sin este desarrollo económico, lo que ha venido después, habría sido imposible. Porque debe existir un marco financiero previo, estable y positivo en el largo plazo, para llegar a lo importante, que es el desarrollo social.

Las sociedades, más complejas, se encuentran, a nivel global -a pesar de las crisis económicas, coyunturas negativas y todos los problemas comentados anteriormente-, en el mejor punto económico de la Historia (con mayúsculas), y demandan, cada vez con más fuerza, algo más que bienes y servicios: demandan igualdad en las múltiples facetas sociales. Demandan un planeta más limpio. Demandan más y mejor educación en todos los países. Demandan buenos gobiernos a nivel público y privado. Demandan economías más sanas. Todo ello constituye, en esencia, la sostenibilidad.

Estas demandas sociales, como no podía ser de otro modo, toman forma a través de múltiples iniciativas en el ámbito institucional. De hecho, esto es la esencia de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, 17 ambiciosos objetivos globales para proteger el planeta y asegurar un futuro próspero.   

Dicho todo eso, parece evidente que, a día de hoy, a pesar de los avances logrados durante los últimos años, aún estamos lejos de alcanzar las metas propuestas para 2030. Una de las razones que explican este progreso irregular es la falta de financiación. Los recursos públicos no bastan para impulsar el desarrollo sostenible, por lo que aumentar el capital privado es crucial para financiar proyectos que generen un impacto social y ambiental positivo, a la vez que garantizan la rentabilidad y solvencia para accionistas e inversores.

En este contexto, existen ya iniciativas como los Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), un compromiso internacional para que empresas financieras y fondos de inversión, entre otros, contribuyan en el desarrollo de un sistema financiero más resiliente, sólido, y, por ende, más sostenible.

Como decíamos al comienzo del artículo en el sentido de que el desarrollo económico es previo al desarrollo social, resulta absolutamente imperativo una alineación de los intereses económicos e inversores con un fin último de sostenibilidad. En este caso, la mayor concienciación en cuestiones sociales y ambientales, unido a una normativa cada vez más desarrollada, está propiciando que la inversión sostenible comience a ser parte consustancial en la gestión diaria de los clientes institucionales, auténtico multiplicador de la inversión que realizan los ahorradores particulares. Es mucho lo que queda por hacer en este ámbito. Desde luego, seguir avanzando en educación y en concienciación a nivel planetario. Por supuesto, seguir desarrollando normativas que favorezcan transiciones sencillas y viables hacia un mundo más vinculado con los ODS. Y, por lo que se refiere a inversiones, desterrar la idea de que inversión sostenible implica menor rentabilidad: invertir en sostenibilidad es invertir en viabilidad a largo plazo. En este contexto el sector asegurador adquiere un papel fundamental, ya que no sólo canaliza un gran volumen de dinero a través de inversiones, sino que su papel histórico, como herramienta clave para el desarrollo socioeconómico, debe impulsarnos en el liderazgo de las finanzas sostenibles. Porque no existe alternativa para un auténtico desarrollo humano. En ese sentido, la inversión no ya del futuro sino del presente, debe ser sostenible o no podrá calificarse como tal inversión.