El papel de las empresas en el derecho a la salud en la era de la COVID-19
El derecho a la salud está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.”
Un derecho fundamental que, sin embargo, se ha visto alterado en los últimos años con el estallido de la pandemia de la COVID-19. Ésta ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer el sistema de salud mundial, así como incrementar la inversión en investigación sanitaria, haciendo realidad las metas 3.b, 3.c y 3.d del ODS 3. Metas que aún antes de la COVID-19 necesitaban de un impulso mayor en la región europea y que con la situación actual se auguran más difíciles de conseguir para el año 2030 según un informe de UNECE.
La acción empresarial frente al ODS 3 durante pandemia
Para conseguir enderezar el progreso hacia el cumplimiento de este Objetivo será necesario contar con las empresas. En este sentido, el tejido empresarial español ha sabido asumir su responsabilidad, como lo demuestran las más de 200 buenas prácticas relacionadas con la salud y el bienestar que recogimos desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas en España durante los meses más duros del confinamiento.
En ese tiempo, las empresas socias de la iniciativa dedicaron todos sus esfuerzos a asegurar la salud y seguridad de los empleados, fomentando también la salud mental; a garantizar el suministro de material sanitario, alimentos, agua, ropa o conectividad a los centros sanitarios; a difundir información actualizada y sensibilizar tanto a la plantilla como al público en general; y a invertir en investigación y financiar las necesidades públicas en materia de salud, entre otras acciones. Una labor que demuestra que el concepto de empresa va más allá de crear riqueza, situando a estas entidades como agentes que pueden contribuir a garantizar los derechos de la sociedad.
ODS 3, entre los tres Objetivos más trabajados
Al margen de la situación provocada por la COVID-19, el ODS 3 sobre salud y bienestar de la Agenda 2030 ha sido tradicionalmente uno de los Objetivos prioritarios para las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial. En concreto, según la publicación “Comunicando el Progreso 2020: una llamada a la acción sostenible y al reporte empresarial” se sitúa como el tercero más trabajado por las entidades adheridas a la iniciativa en España.
Asimismo, en el informe también se muestra una tendencia en auge que comenzaba ya antes de la era COVID-19: un aumento de los indicadores relativos a la promoción de la salud y el bienestar entre la plantilla. Éstos crecen de un 63% a un 94% en las empresas del IBEX 35 y alcanzan casi el 70% en las entidades adheridas al Pacto Mundial en España. Todo ello sugiere que en los próximos informes relativos a lo acontecido durante 2020 y 2021, esta tendencia aumente y se asiente como normalidad en materia de sostenibilidad empresarial.
La salud no es sólo un derecho
Cuando hablamos de salud no podemos dejar de hablar de su relación con otros derechos como el derecho a la alimentación, al agua y al saneamiento, el derecho a un trabajo decente o el derecho al medioambiente.
Su interconexión con este último es innegable, como podemos observar en el hecho de que actualmente más de 7 millones de muertes se producen en todo el mundo por la contaminación del aire. Y es que, como se expone en el “Informe sobre liderazgo empresarial para lograr un planeta sano con personas sanas” la actividad humana afecta al clima y a la naturaleza, lo que a su vez afecta a la salud y el bienestar humano. Esto es: la aceleración del cambio climático provoca un aumento del riesgo a la desnutrición; la baja calidad o escasez de agua provoca la aparición de enfermedades como diarrea, tiña, esquistosomiasis o cólera; y como se ha señalado anteriormente, la contaminación atmosférica aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas.
Por lo tanto, las empresas que quieran apostar por el derecho a la salud, tendrán que invertir también en políticas medioambientales. De este modo, no sólo abordarán dos derechos fundamentales, sino que además darán respuesta a dos de las principales preocupaciones de los profesionales españoles: la necesidad de priorizar el acceso universal a la salud y hacer frente a la crisis climática de manera urgente.
Indicadores y ejemplos de acciones en materia de salud
Desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España ofrecemos guías y herramientas para contribuir desde el sector empresarial a este derecho fundamental y ODS prioritario para nuestro país. Entre los materiales a disposición de los usuarios, se encuentra la publicación “Empresas y derechos humanos: acciones y casos de éxito en el marco de la Agenda 2030.” en la que podrán encontrar indicadores de GRI para medir los impactos de la organización en materia de salud, como el Contenido 403-2 relativo a los tipos de accidentes y tasas de frecuencia, enfermedades profesionales, número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional, etcétera.
Asimismo, en la web de la Red Española existe un apartado específico sobre cómo las empresas pueden contribuir al ODS 3 en el que los usuarios podrán encontrar ejemplos de acciones y herramientas para facilitar su trabajo en esta área. Puedes visitarlo aquí.
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