“No dejar a nadie atrás” reza la Agenda 2030. Un lema que en pocas palabras resume el espíritu de equidad e inclusión que promueve este marco de Naciones Unidas y que, por supuesto, considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Y es que, si bien es cierto que cuando pensamos en discapacidad y ODS solemos establecer una conexión directa con el ODS 10 sobre la reducción de desigualdades, son más los Objetivos de esta Agenda que hacen referencia a la discapacidad. Por ejemplo, podemos encontrar alusiones directas en las partes relacionadas con la educación (ODS 4) o el crecimiento económico y el empleo (ODS 8).

Este preámbulo sobre la Agenda 2030 y la discapacidad obedece a la temática de la que versa el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (IDPD) de este año: “la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030”. Es decir, empoderar a las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como reclaman los ODS. 

Precisamente es en esta misión de participación y empoderamiento donde el sector empresarial cobra un papel vital, pues otorga a este colectivo las herramientas necesarias para que puedan integrarse plenamente en el ámbito laboral y por ende, en la sociedad. Un aspecto de gran relevancia si consideramos que sólo en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, aproximadamente el 9% de la población total, y que su tasa de paro se sitúa en 25,2%, 10 puntos más alta que la población sin discapacidad. Asimismo, este colectivo también se enfrenta a una gran brecha salarial. En concreto, según el informe Olivenza de 2019 el salario medio anual de las personas discapacitadas es casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad.

Otro dato relevante es que, según los datos de nuestra última Consulta Empresarial en ODS, tan sólo el 29% de las empresas consultadas impulsa la inclusión de personas discapacitadas dentro de su plantilla. Una inclusión liderada en su mayoría (63%) por las grandes empresas, frente a un 19% de pymes.

Cómo contribuir a la integración de las personas con discapacidad en el ámbito laboral

Desde la Red Española del Pacto Mundial, consideramos que promover los derechos de las personas con discapacidad e incluirlas en la sociedad como directoras, empleadas, proveedoras y consumidoras es una victoria triple: una victoria para las personas con discapacidad, una victoria para la empresa y una victoria para la sociedad en general. 

Y por ello, además de respetar lo exigible por ley, como el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, queremos animar a las empresas a aplicar políticas, prácticas e iniciativas que respeten y apoyen los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad como empleadas, clientes, proveedoras y miembros de la comunidad. 

Para tal fin, disponemos de varios materiales de consulta, entre los que se encuentra la publicación “Empresas y Derechos Humanos: acciones y casos de éxito en el marco de la Agenda 2030”. Ésta contiene un capítulo con una serie de acciones para respetar los derechos de las personas con discapacidad, que incluyen, entre otras, la adopción de una política de respeto de los derechos humanos que incluya una referencia explícita a las personas con discapacidad y la formación sobre los derechos de las personas con discapacidad a la plantilla y en especial al personal que participa en los procesos de selección. Asimismo, recoge una serie de indicadores de GRI para medir los impactos en este colectivo, así como ejemplos de compromisos para pasar a la acción.

Por otro lado, otro recurso de gran interés para las empresas y que aborda más en profundidad esta temática es la “Guía para empresas sobre los derechos de las personas con discapacidad” editada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. En ella se presentan los derechos de las personas con discapacidad y se explica cómo pueden impactar las empresas sobre ellos de forma negativa o positiva, en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad. Igualmente, se sugieren acciones y medidas concretas que pueden utilizar las empresas para implementar buenas prácticas que incluyan a personas con discapacidad en el trabajo, el mercado y la comunidad. 

Es, en definitiva, responsabilidad también del sector empresarial el respetar lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y velar por su cumplimiento, promoviendo la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás de este colectivo.