La lucha contra la corrupción es una de las cuestiones más relevantes en términos de responsabilidad empresarial, no sólo ética sino también económicamente, ya que pone en peligro una de las bases para el correcto funcionamiento del mercado: la libre competencia. Naciones Unidas estima que las causas subyacentes de la corrupción tienen un coste de 2,6 billones de dólares anuales para las economías mundiales. A estos costes monetarios habría que sumarles los costes reputacionales. En una era en la que los consumidores están cada vez más informados y además reclaman una mayor transparencia por parte de las empresas, este riesgo es cada vez mayor.

Las empresas son conscientes de ello y cada vez aplican más protocolos y mecanismos de control y reporte en la materia. En este sentido, las empresas pueden contar con una política de anticorrupción o distintos códigos que guíen la actuación de sus empleados a fin de evitar problemas relacionados con la materia. Según datos extraídos de nuestra publicación “Comunicando el Progreso 2021: el reporting empresarial como instrumento para una recuperación sostenible”, el 74% del IBEX cuenta con una política específica al respecto y la totalidad de las empresas que lo conforman disponen de un código de conducta, siendo este último el instrumento predominante para abordar esta cuestión. Por su parte, el 85% de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial tiene una política específica para abordar las situaciones de corrupción y el 65% lo hace a través del código de conducta.

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Pero el compromiso de las empresas con la transparencia y la integridad en los negocios también debe escalar a sus proveedores. Hecho por el cual prácticamente un 60% del índice bursátil español y el 40% de las grandes empresas adheridas a la iniciativa cuentan con un código de conducta para este grupo de interés. Sin duda es en este punto donde se observa una brecha más acusada entre grandes empresas y pymes, pues en lo concerniente a estas últimas, tan sólo un 16% cuenta con esta medida.

Respecto a los mecanismos de control, de acuerdo con nuestro informe, el canal de denuncias es el más popular entre las empresas españolas, utilizado por 32 de las 35 entidades del IBEX y el 67% de las grandes empresas adheridas al Pacto Mundial. Nuevamente, las pymes se quedan atrás con un 21%, un porcentaje 12 puntos por debajo del dato registrado en 2020.

Dos aspectos claves para valorar la corrupción dentro de las organizaciones: el reporte de casos de corrupción y la información sobre beneficios obtenidos e impuestos pagados

Por último, uno de los ejercicios más importantes para abordar la lucha contra la corrupción es facilitar información al respecto en documentos públicos, como las memorias de sostenibilidad. En este aspecto, el documento expone que el 57% del IBEX 35 facilita información sobre los casos de corrupción en sus informes no financieros frente al 45% de las grandes empresas y el 10% de las pymes que forman parte de la iniciativa.

En cuanto al reporte de información sobre beneficios obtenidos e impuestos pagados, para las empresas adheridas al Pacto Mundial en España este indicador cae a un 13% (20% en 2020), situándose en un 24% en el caso de las grandes empresas y en un 7% en el de las pymes, valores que llegaban al 36% y al 10% respectivamente el año anterior. Tendencia a la inversa respecto a las empresas del IBEX 35, donde este indicador aumenta de un 69% en 2020 a un 80% en 2021.

Si quieres saber más sobre la implementación de la sostenibilidad en las empresas españolas puedes visitar nuestra landing de información no financiera.