Con 161 votos a favor y 8 abstenciones* el máximo órgano de Naciones Unidas declara que el acceso a un medioambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano universal.

La resolución está basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos en el que se insta a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas a intensificar los esfuerzos para garantizar un medioambiente sano para todos. Se espera que este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, aunque no es jurídicamente vinculante, sea un catalizador para la acción y que anime a los ciudadanos a exigir responsabilidades a sus gobiernos.

António Guterres, Secretario General de la ONU, ha aplaudido la «histórica» decisión y asegura que este hito demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

«La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas«, ha declarado en un comunicado. Según el Secretario General de la ONU, esta decisión también ayudará a los Estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medioambiente y derechos humanos.

«La comunidad internacional ha dado un reconocimiento universal a este derecho y nos acerca a que lo hagamos realidad para todos». António Guterres

¿Por qué es tan importante el derecho a un medioambiente sano?

Este derecho ambiental está relacionado directamente con los seres vivos y el medio en que se desarrollan. Incluye el derecho al aire limpio, a un clima estable, a una biodiversidad próspera y a ecosistemas saludable. En definitiva, es la base y la condición previa para el desarrollo económico, la sostenibilidad y la justicia social. 

Es por tanto esencial sostener y mejorar nuestro entorno para poder garantizar el resto de derechos, particularmente algunos como el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derecho a la salud. Respecto a este último, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, la contaminación atmosférica provoca más de 8 millones de muertes al año y una cuarta parte de las enfermedades mundiales se generan por riesgos relacionados con el medioambiente.

Asegurar este derecho no implica sólo poder disfrutar del resto de derechos humanos, sino que además lleva consigo numerosas oportunidades económicas. En concreto, cumplir con el Acuerdo de París puede crear 218 millones de empleos en el mundo hasta 2030. También a nivel regional, la UE calcula que se podrían crear hasta 900.000 puestos de trabajo en el ámbito de las energías renovables y ahorrar unos 300.000 millones de euros al año si reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

¿En qué países está recogido a nivel legal?

Esta resolución está basada en un texto presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes de junio, y copatrocinado ahora por más de 100 países. En ella se señala que el derecho a un medioambiente sano está relacionado con el derecho internacional vigente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales.

Hasta esta resolución, el derecho a un medioambiente sano gozaba de un estatus constitucional, la forma más sólida de protección legal disponible, en más de 100 países. Además, al menos 130 Estados habían ratificado tratados regionales de derechos humanos que incluyen explícitamente el derecho a un medioambiente sano: tratados que abarcan África, América Latina y el Caribe, Oriente Medio, partes de Asia y Europa. 

El caso de España no era una excepción, ya que el artículo 45 de la Constitución Española se establece lo siguiente:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

¿Cómo pueden las empresas impulsar este derecho?

Las empresas han de respetar este derecho, principalmente en áreas industriales donde las comunidades locales pueden verse afectadas por la polución o la mala gestión de residuos, gestionando de forma sostenible el agua, para no poner en peligro su disponibilidad, y reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global.

La publicación “Empresas y derechos humanos: acciones y casos de éxito en el marco de la Agenda 2030” recoge una serie de acciones que pueden llevar a cabo las empresas para respetar el derecho a un medioambiente sano. Entre ellas se encuentran:

• Implementar políticas y prácticas empresariales que eviten la contaminación y sobreexplotación de los ecosistemas.
• Adoptar criterios de economía circular para la reducción y reutilización de plásticos o envases que puedan impactar sobre los ecosistemas terrestres y marinos.
• Elaborar planes de actuación contra el cambio climático en línea con el Acuerdo de París.
• Fomentar la movilidad sostenible de empleados/as, proveedores y en relación a la distribución de productos y servicios, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el transporte.

Puedes consultar el resto de acciones aquí.

Conoce o recuerda los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial relacionados con el medioambiente aquí.

* Estados que se abstuvieron: China, Federación Rusa, Bielorrusia, Camboya, Irán, Siria, Kirguistán y Etiopía.