Los efectos de la COVID-19 en el trabajo decente no han dejado de sentirse desde que ésta fuera declarada como pandemia mundial por Naciones Unidas el pasado marzo, un hecho que exacerbó aún más la ya de por sí precaria situación en derechos humanos de parte de la fuerza de trabajo en todos los niveles de las cadenas de suministro mundiales. Sin estar aún totalmente recuperados de la crisis financiera del 2008, volvíamos a ser azotados por una recesión mundial que empeoraba significativamente el panorama laboral a nivel global. 

Como resultado de la continua y aguda disminución de las horas de trabajo y las pérdidas sustanciales de ingresos laborales en todo el mundo provocada por el coronavirus, la estabilidad laboral de 1.600 millones de trabajadores de la economía no estructurada se veía amenazada. Una incertidumbre que permanece viva a pesar de que las expectativas de la vacunación en la Unión Europea dejan ver ciertos brotes verdes sobre una inminente recuperación de la economía.

En este contexto, empresas en Europa y en todo el mundo se enfrentan a enormes desafíos para superar esta extraordinaria situación económica. Para lo que será conveniente que tengan una visión general de sus cadenas de suministro, conozcan a sus proveedores y cooperen con ellos. La importancia de una buena gestión de esta cadena reside en su peso sobre la economía mundial: estas redes representan el 80% del comercio mundial y emplean a millones de trabajadores en el mundo. Por ello, deben gestionarse de forma sostenible para conseguir un trabajo decente para todos, incluyendo salarios justos que proporcionen un nivel de vida decente.

Desde el Consejo Europeo son conscientes de este hecho y por ello recientemente han aprobado unas Conclusiones en las que piden a los Estados miembros y a la Comisión que promuevan los derechos humanos en las cadenas de suministro mundiales y el trabajo digno en todo el mundo. A continuación presentamos los puntos principales:

Por primera vez, el Consejo solicita a la Comisión que ponga en marcha, de aquí a 2021, un plan de acción de la UE que esté centrado en la configuración sostenible de las cadenas de suministro mundiales y en la promoción de los derechos humanos, las normas de diligencia debida en materia social y medioambiental y la transparencia. Esto incluye una solicitud para que la Comisión presente una propuesta de marco jurídico de la UE sobre gobernanza empresarial sostenible que incluya obligaciones de diligencia debida de las empresas en los distintos sectores que conforman las cadenas de suministro mundiales. Además, también le insta a que actualice su Comunicación de 2006 titulada «Promover un trabajo digno para todos. Contribución de la UE a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo».

Otro aspecto importante que se trata a lo largo del documento de conclusiones del Consejo es el de la implementación de los procesos de debida diligencia en el tejido empresarial. En este sentido, se expone que, según un análisis de la Comisión Europea, sólo una minoría de empresas de la Unión Europea realiza actualmente una diligencia debida exhaustiva, que tiene en cuenta todos los derechos humanos y laborales, así como las repercusiones ambientales, y abarca toda la cadena de valor. A este respecto el Consejo alerta de los riesgos que esto podría plantear tanto para los titulares de derechos como para las empresas. Por ello, pide a los Estados miembros que, de acuerdo con sus competencias y sus circunstancias nacionales, redoblen sus esfuerzos por aplicar eficazmente los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en particular mediante planes de acción nacionales nuevos o actualizados que combinen medidas voluntarias y obligatorias. 

Con el fin de que estos planes estén coordinados y sigan las mismas pautas, el Consejo pide a la Comisión Europea que considere la posibilidad de presentar una orientación indicativa en forma de criterios y normas de calidad para los planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos y de crear estructuras para el aprendizaje entre iguales entre los Estados Miembros con respecto a sus planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos. Asimismo, sugiere la posibilidad de poner en marcha diálogos sectoriales en toda la UE y de ampliar los enfoques sectoriales nacionales sobre la base de la participación de múltiples interesados para abordar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y laborales en las cadenas mundiales de suministro y de valor.

Por último, también pide a los Estados miembros a considerar la posibilidad de unirse a la Alianza 8.7. para catalizar la acción sobre la meta 8.7. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 para superar el trabajo infantil y forzoso y la trata de personas en las cadenas de suministro mundiales. Un aspecto sobre el que el Consejo llama la atención dentro de sus conclusiones alegando que, si la reducción mundial del trabajo infantil continúa a este ritmo, se necesitarán casi 40 años más para eliminar el trabajo infantil, en lugar de los cinco años previstos en el ODS 8.

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