• Según el Fondo Monetario Internacional es necesario invertir entre 2 y 4 billones de dólares más por año hasta 2030 para cumplir con las metas marcadas en la Agenda 2030.

• La inversión sostenible generaría la creación de 380 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo.

• El documento destaca la urgencia de impulsar un sistema financiero sostenible a nivel global que tenga la capacidad de resolver y evitar futuras crisis como la provocada por la COVID-19.

Madrid, martes 28 de abril. La Red Española del Pacto Mundial ha editado el paper “Finanzas Sostenibles y Agenda 2030: invertir en la transformación del mundo.” cuyo objetivo es servir de instrumento de difusión para involucrar a empresas y organizaciones en las finanzas sostenibles, así como para visibilizar las acciones que ya se están llevando a cabo por parte de relevantes entidades españolas en esta materia.

En este sentido, el documento revela un crecimiento en el compromiso del sector privado con la inversión sostenible (ISR), tomando como referencia, entre otros parámetros, el volumen de deuda sostenible emitida en todo el mundo. En 2019 éste fue de 465.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 78% respecto a 2018. Sin embargo, a pesar de este incremento, la fracción de los activos invertidos a nivel mundial de bancos, fondos de pensiones, aseguradoras y empresas contribuye al progreso de la Agenda 2030 sigue siendo insuficiente para lograr la consecución de los ODS.

En palabras de Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española, “según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, si queremos hacer realidad la Agenda 2030 necesitamos invertir entre 2 y 4 billones de dólares más por año hasta 2030. Dado que la capacidad de los gobiernos es insuficiente para hacer frente este déficit, es fundamental que la inversión privada aumente y lo haga de forma decidida. Esta década de acción es la oportunidad definitiva para acelerar la financiación de la Agenda 2030 y aprovechar las oportunidades que brinda al planeta y a la economía y las empresas son clave para lograrlo.”

Para alentar al sector privado a aumentar su contribución a la financiación de los ODS, el documento recoge una serie de herramientas que permitirán a empresas y organizaciones a invertir en finanzas sostenibles. Entre ellas se encuentran los Principios de Inversión Responsable (PRI), una iniciativa vinculada al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que asesora a inversores de todo el mundo en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en sus procesos de análisis y decisiones de inversión. Ésta es un ejemplo de la tendencia en aumento de la inversión responsable ya que ha pasado de 100 entidades en 2006 a más de 2.300 que gestionan alrededor de 85 billones de dólares de activos en 2020. Por otro lado, bancas y aseguradoras cuentan con sus propios principios, siendo éstos los Principios de Banca Responsable, con más de 170 bancos adheridos en todo el mundo; y los Principios para la Sostenibilidad en Seguros, con 140 organizaciones adheridas.

Retos y oportunidades en el plano de las finanzas sostenibles

Gran peso cobran a lo largo de todo el paper las oportunidades que respaldan este tipo de inversiones, cifradas en hasta 12 billones de dólares según la Comisión de Comercio y Desarrollo Sostenible. Destacando, además, la posible creación de 380 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo si éstas se llevan a cabo.

Este es uno de los grandes argumentos a favor de la inversión sostenible que desde la Red Española afirman, sería una posible salida a la crisis económica provocada por la COVID-19. En este aspecto, Sánchez declara que “dentro de este escenario de emergencia, es necesario que se impulse un sistema financiero sostenible a nivel global que pueda tener la capacidad de resolver y evitar este tipo de crisis. Para ello tenemos que construir un sistema financiero que no sólo se preocupe por el crecimiento económico, sino también por la protección de la salud, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la lucha contra la desigualdad, de forma que pueda proteger a la economía de episodios de alta inestabilidad financiera.”

Para llevarlo a cabo, uno de los principales retos a los que hay que hacer frente según el informe, es, además de la transparencia del sector privado y la integración de la pyme en la materia, el establecimiento de un lenguaje común para las finanzas sostenibles. En este sentido, el paper llama la atención sobre la necesidad de sistemas de clasificación que definan lo que es sostenible y ayuden a los inversores, a las empresas, e incluso a los ciudadanos, a tomar decisiones de inversión considerando los criterios ASG. Ejercicio que ya está realizando la Comisión Europea en el contexto del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles y está previsto que se lance de forma gradual entre 2020 y 2021.

La Inversión Socialmente Responsable crece en España

El documento analiza también el estado de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) a nivel nacional. De él se extraen cifras positivas como que según Spainsif, en España en 2018 se produjo un crecimiento de activos con factores ASG del 13%, hasta llegar a los 210.644 millones de euros.

En cuanto al tipo de estrategias de ISR que se realizan a nivel local, en España, al igual que en Europa, la exclusión se posiciona como la principal estrategia por activos gestionados, con 141.633 millones de euros. En concreto, en esta tipología se excluyen a compañías de determinados sectores controvertidos (armas, pornografía o tabaco). A bastante distancia se sitúa la integración de factores ASG como la segunda estrategia más utilizada, con activos gestionados por valor de 19.352 millones de euros. En último lugar se encuentran las inversiones temáticas en sostenibilidad, con un valor de solo 188 millones de euros.

Para realizar este tipo de inversiones, tanto las administraciones públicas locales como el sector privado español cuentan con productos innovadores como los préstamos sostenibles, concedidos para la adquisición de determinados productos o servicios sostenibles, o los bonos sostenibles, un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas cuyos fondos se destinan a financiar proyectos sostenibles, ya sean medioambientales, sociales o un mix de ambos.