Este año se cumplen diez años del marco de referencia para trabajar los derechos humanos dentro del entorno empresarial: los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Un hito liderado por John Ruggie que marcó un antes y un después en la valoración de las empresas como agentes protectores de los DD.HH.

Con motivo de este aniversario, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas, dependiente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó una evaluación de los diez primeros años de aplicación por parte de los Estados y las empresas, que ahora hemos traducido desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España.

En ella se realiza un balance de los avances, las lagunas y los retos, así como de los obstáculos y las oportunidades para promover medidas más sólidas y cambios en los próximos años. A continuación, analizaremos las conclusiones principales:

Hacia una obligatoriedad de la diligencia debida

En relación a los avances, el informe destaca que la aclaración aportada por los Principios Rectores sobre el contenido y el alcance de la diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos – la forma en que una empresa identifica sus principales riesgos en materia de derechos humanos y toma las medidas necesarias para prevenir y mitigar esos riesgos – ha permitido progresos en la regulación y la legislación en diversas jurisdicciones. Es el caso de la Unión Europea, que se encuentra desarrollando una directiva intersectorial obligatoria sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente.

¿Por qué es tan importante esta regulación? Porque tal y como resalta el informe, el último decenio ha puesto de manifiesto que los enfoques voluntarios no son suficientes por sí solos. Y, por tanto, el aumento de las medidas obligatorias acelerará los progresos en el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. A este respecto también se han pronunciado las voces empresariales, que cada vez más apoyan las medidas obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos.

El compromiso de las empresas con los Principios Rectores

El informe señala que en el último decenio se está viendo un creciente número de empresas comprometidas públicamente con los Principios Rectores, las cuales están desarrollando diferentes formaciones y prácticas internas, tanto para contribuir al respeto de los DD.HH., como para abordar las repercusiones negativas en sus operaciones y en toda su cadena de valor.

Aunque el documento no muestra datos específicos sobre el respeto de los derechos humanos por las empresas, sí realiza una valoración sobre los estudios, los índices de referencia y las calificaciones que se han desarrollado a lo largo del último decenio. Estos apuntan en la misma dirección: hay avances, pero con margen para seguir avanzando.

Ejemplo de ello es el Corporate Human Rights Benchmark de 2020, que evalúa la información pública sobre derechos humanos de 229 empresas mundiales. Sus resultados muestran que un número cada vez mayor de empresas están adoptando los Principios Rectores, con compromisos y procedimientos calificados de sólidos y rigurosos. Sin embargo, todavía son muy pocas las empresas que gestionan sólidamente su responsabilidad. Por ejemplo, el 46,2% de todas las empresas evaluadas en 2020 no consiguieron ningún punto en los indicadores de diligencia debida del índice de referencia.

En este sentido, la brecha entre las políticas y la práctica empresarial sigue siendo un desafío clave para lograr la aplicación efectiva de los Principios Rectores.

Retos en la implementación de los Principios Rectores

1. Los abusos empresariales persisten en todas las regiones. El documento afirma que los abusos relacionados con las empresas persisten en todos los sectores y regiones, dejando a los trabajadores y a las comunidades, incluidos los pueblos indígenas, en situación de riesgo y con escasas perspectivas de protección o reparación de los daños causados. Cuando se producen los daños, siguen existiendo importantes obstáculos para que los titulares de derechos puedan acceder a la reparación y hacer que los responsables rindan cuentas.
2. El número de Estados comprometidos con los Principios Rectores es bajo. A principios de 2021, había sólo 25 países con planes de ese tipo, 2 con capítulos sobre las empresas y los derechos humanos dentro de su estrategia más amplia de derechos humanos y 18 en proceso de elaboración de planes específicos. El número relativamente bajo de planes de acción nacionales hasta la fecha demuestra que la mayoría de los Estados todavía tienen que dar prioridad a la aplicación de los Principios Rectores.
3. Aún no hay datos claros para evaluar la actuación de las empresas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el número de denuncias de repercusiones negativas, que se suele utilizar como indicador de la actuación, es muy insuficiente para evaluarla, sobre todo por los problemas de acceso a los mecanismos de denuncia de los titulares de derechos afectados. Esta información es realmente valiosa para los diferentes grupos de interés de las organizaciones, especialmente para los inversores. En este aspecto, la publicación señala un amplio margen de mejora para alcanzar el potencial de las instituciones de inversión y los proveedores de datos ambientales, sociales y de gobernanza (Criterios ASG) para impulsar una mejor actuación de las empresas en materia de derechos humanos.

Próximos pasos: una nueva hoja de ruta para la próxima década

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos ha anunciado que a este primer ejercicio de análisis le seguirá una «hoja de ruta para la próxima década», con recomendaciones orientadas al futuro para los agentes y las empresas estatales, así como para otras partes interesadas que desempeñan un papel en la promoción de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

La publicación de esta hoja de ruta se espera a finales de este 2021.

Accede al documento de balance del primer decenio aquí.

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