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Claves empresariales de la Resolución del Parlamento Europeo para luchar contra la COVID-19

El Parlamento Europeo pide protección para empresas y trabajadores y resalta el papel del sector privado en la lucha contra la desinformación y la importancia de la debida diligencia en materia de DDHH.

El Parlamento Europeo ha hecho pública el día 17 de abril una Resolución sobre la acción coordinada de la UE para luchar contra la pandemia de la COVID‑19 y sus consecuencias. En la misma, se contemplan las dificultades, necesidades y potencialidades de las empresas de la región desde un punto de vista amplio, que abarca desde el respeto a los derechos humanos a la gestión transparente de las ayudas financieras.

La Resolución (2020/2616(RSP) tiene como objetivo principal expresar una respuesta unida y decidida a una crisis compartida y reconoce que la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19, hasta el momento, se ha caracterizado por la falta de coordinación entre los Estados miembros en cuanto a medidas de salud pública y que los efectos de la pandemia serán dramáticos para los ciudadanos, pero también las empresas, los trabajadores  y los autónomos europeos.

El Parlamento pide en este sentido una actuación conjunta para mantener los puestos de trabajo y las empresas y para poder impulsar la recuperación económica y social, así como asegura que estará dispuesto a pedir responsabilidades a los Estados miembros por sus acciones.

Sectores especialmente damnificados

Hay un especial hincapié a la hora de exigir que se garanticen el suministro de alimentos seguros y de calidad procedentes de la agricultura, la pesca y las empresas alimentarias durante la actual crisis sanitaria y después de ella, así como la necesidad de apoyar a estos sectores y proteger la continuación de su producción y el transporte sin barreras en todo el mercado único.

Otro de los sectores clave es el bancario, al que solicita que permita a las empresas y a los ciudadanos que sufran desde un punto de vista financiero como resultado de la COVID-19 reducir o suspender temporalmente el abono de deudas o hipotecas.

Considera que los sectores del transporte y del turismo se han visto gravemente afectados y pide que se tomen medidas para garantizar la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de los trabajadores del transporte y que las empresas de transporte puedan sobrevivir a la crisis. Sugiere que se desarrolle un mecanismo de prevención y gestión para el sector turístico a escala de la Unión, al objeto de proteger a los trabajadores, ayudar a las empresas y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Ayudar a las pymes

Sobre las pymes, el Parlamento pide “hacer más” a su favor, ayudarlas a mantener puestos de trabajo y a gestionar su liquidez; instando a “explorar todas las opciones” para aliviar su carga, llegando a pedir una estrategia horizontal europea para la recuperación de las pymes que les respalde mediante la reducción de la burocracia, los costes de acceso a la financiación y el fomento de las inversiones en cadenas de valor estratégicas.

Los y las trabajadores, en el centro de las ayudas.

En relación al impacto sobre los y las trabajadoras, considera que la Comisión y los Estados miembros han de adoptar todas las medidas necesarias para mantener el mayor número posible de puestos de trabajo y garantizar que la recuperación se basa en la convergencia económica y social al alza, el diálogo social y la mejora de los derechos sociales y las condiciones de trabajo, con medidas específicas para quienes soportan formas de trabajo precario. E insiste en que las ayudas financieras concedidas a empresas estén dirigidas a beneficiar a los empleados. Por ello acoge con satisfacción, a este respecto, la nueva propuesta de la Comisión sobre un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) y solicita su rápida puesta en marcha y la creación de un régimen europeo permanente de reaseguro de desempleo.

Además de las peticiones a la Comisión y los Estados miembro, el Parlamento se dirige expresamente a las empresas para pedirles, en el caso de aquellas dedicadas a las redes sociales, que adopten de forma proactiva las medidas necesarias para detener la desinformación y la incitación al odio en relación con la COVID-19 y a todas les recuerda que el deber de diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y de medioambiente es condición necesaria para prevenir y mitigar futuras crisis y garantizar cadenas de valor sostenibles.

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