Hoy celebramos un hito a nivel nacional. Por primera vez, España cuenta con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética  que otorga amparo legal y promueve el logro del ODS 13: Acción por el clima, conduciéndonos así hacia la descarbonización de la economía y la construcción de un mundo más sano y sostenible.

Una ley que quiere responder al compromiso asumido por España en el ámbito europeo (Acuerdo de París) y presenta una oportunidad desde el punto de vista económico y de modernización de nuestro país, así como desde el punto de vista social, facilitando la distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización. De esta manera, la ley pone en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y generar nuevas oportunidades socioeconómicas.

De hecho, el gobierno afirma que, como consecuencia de la movilización inversora de 200.000 millones de euros que promueve esta ley durante la próxima década, el PIB español se incrementará anualmente entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año. Por su parte, el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 puestos al final del periodo.

¿Qué objetivos se marca España con esta Ley?

La Ley establece cuatro objetivos mínimos nacionales para el año 2030:

1. Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto del año 1990.
2. Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%.
3. Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable.
4. Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Asimismo, la ley establece que antes de 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable.

Para cumplir con estas premisas, el texto recoge como instrumentos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050.

Puntos clave de la Ley

1. Energías renovables y eficiencia energética

El Gobierno considera la eficiencia energética y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español como las principales palancas de reactivación económica en el corto plazo, así como los pilares de la descarbonización. Y es que, se espera de ellos que ejerzan una acción tractora sobre el resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial y permiten, a su vez, empoderar a la ciudadanía, situándolo en centro del sistema energético.

En este ámbito, la Ley propone una reforma del sector eléctrico, que deberá ser efectuada en el plazo de 12 meses.

Otros puntos que se señalan son: la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar y flexibilizar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios en un plazo máximo de un año; la generación eléctrica en dominio público hidráulico; y un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.

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2. Transición energética y combustibles

Según Naciones Unidas, los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial y el sistema energético es la fuente de aproximadamente dos tercios de las emisiones globales de CO2. Es por ello que la nueva ley pretende acabar con el reinado de los combustibles fósiles.

Por su parte, sí que se fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal.

3. Movilidad sin emisiones y transporte

El sector automovilístico, al igual que el energético, está sujeto a objetivos realmente ambiciosos. En este caso, se trata de alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2, establecidas conforme a la normativa comunitaria. Para ello, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.

La Ley también otorga un peso especial a la movilidad urbana, obligando a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a que adopten planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, introduciendo medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad.

La movilidad marítima es otro de los focos de esta Ley, dado el peso que tiene la protección del ecosistema marino dentro de nuestro país.

4. Medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.

Tan importante como la mitigación de los efectos del cambio climático es la adaptación a los nuevos escenarios que éste provoque. Por ello, la nueva Ley contempla un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) con el propósito de definir los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático. Este plan se materializará a través de programas de trabajo, a aplicar en periodos de cinco años, y mediante planes sectoriales de adaptación.

Asimismo, la Ley incluye tanto un apartado de protección a la biodiversidad, con la presentación en un plazo de tres años de una estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático; como una sección dedicada al fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono.

Consulta medidas que pueden tomar las empresas para trabajar el ODS 13 aquí. 

5. Medidas de transición justa

El objetivo de estas medidas es el mismo que el de la Agenda 2030, se trata de no dejar a nadie atrás. Es decir, promoviendo, entre otras medidas, la identificación de colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono.

Estas medidas se plasmarán en la Estrategia de Transición Justa, que tratará de optimizar las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero e identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y a los territorios en dicha transición. En el terreno, ésta se articulará a través de convenios.

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