Nos acercamos a una fecha crucial en lo que se refiere a la actuación de las empresas en materia de derechos humanos: el aniversario de la aprobación de los Principios Rectores de Empresas y DD.HH., que cumplen este 16 de junio diez años.

Hasta su nacimiento, el papel de garante de los derechos humanos había correspondido únicamente a los países. Sin embargo, ante el auge de la globalización se hacía necesario regular el respeto de los derechos humanos por parte del resto de actores, principalmente por parte de las empresas, cuyos negocios tienen influencia a nivel internacional y amplias repercusiones sobre los derechos humanos.

Esto condujo a Naciones Unidas a crear este marco de actuación, encargando la dirección del proceso al profesor de Harvard John Ruggie, al que nombró como representante especial de Derechos Humanos y Empresas. Es por ello que estos Principios se conocen también bajo el nombre de “Principios Ruggie”. De este modo, después de seis años de investigación y consultas multiactor, con la participación de gobiernos, empresas, asociaciones empresariales sociedad civil, individuos y grupos afectados, inversores y otras personas de todo el mundo; en 2011 los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos vieron por fin la luz.

El propósito final de éstos es proporcionar un marco global para prevenir y abordar el riesgo de impactos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial a la vez que proporcionan las herramientas a la sociedad civil, a los inversores y a otros actores para medir los progresos de las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Si bien este marco no es vinculante legalmente, comporta una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, con independencia del lugar en el que operen, adicional a la del cumplimiento de las leyes nacionales.

Un marco para proteger, respetar y remediar

Los Principios Rectores de la ONU contienen tres pilares que aclaran los respectivos deberes y responsabilidades de los Estados y las empresas: proteger, respetar y remediar.

1. El deber de protección del Estado: aclara las implicaciones de las obligaciones existentes de los Estados de proteger los derechos humanos de las personas que viven en su territorio o jurisdicción contra los impactos adversos de terceros, incluidas las empresas. Para ello es necesario promulgar y aplicar políticas, leyes, reglamentos y adjudicaciones eficaces.
2. La responsabilidad de respetar: establece la responsabilidad de respetar los derechos humanos como norma mínima mundial de conducta esperada para todas las empresas, dondequiera que operen. Exige que las empresas eviten causar o contribuir a los impactos adversos sobre los derechos humanos a través de sus propias actividades. Además, las empresas deben tratar de prevenir o mitigar los impactos que estén directamente relacionados con sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales.
3. El acceso al remedio o la reparación: insta a las empresas a facilitar el acceso a una reparación eficaz para las víctimas de abusos relacionados con las empresas. No obstante, la responsabilidad, la reparación y los mecanismos de reclamación a menudo parecen discutirse a posteriori, haciéndose frente a ello una vez se han abordado los sistemas y procesos de en materia de derechos humanos. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas pretende cambiar esto e insistir en que la debida diligencia y la rendición de cuentas deben ir de la mano para garantizar el respeto de los derechos humanos. 

Tres pasos para ponerlos en práctica

El modelo de gestión para integrar los Derechos Humanos en las empresas basado en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, establece 3 pasos:

PASO 1: Aprobar una política de compromiso con los derechos humanos. 

Es el primer paso imprescindible para garantizar el respeto de los DD.HH. en una organización. En ella se debe plasmar el compromiso de con el respeto de los derechos humanos y la forma en que se va a actuar para cumplirlo. En la actualidad, según nuestro informe “Comunicando el Progreso 2020: una llamada a la acción sostenible y al reporte empresarial” son ya muchas las empresas del IBEX35 que disponen de una política específica de derechos humanos (71%). Sin embargo, entre las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial, este porcentaje cae hasta el 18%.

PASO 2: Identificar y mitigar los riesgos en DD.HH. a través de un proceso de debida diligencia. 

La debida diligencia en materia de derechos humanos es la forma en que una empresa identifica sus principales riesgos en materia de derechos humanos y toma las medidas necesarias para prevenir y mitigar esos riesgos. Al llevar a cabo este proceso, hay que tener en cuenta los países en que se opera, los riesgos específicos del sector y analizar toda la cadena de valor de la empresa. Una vez identificados esos riesgos se ha de crear un plan de acción dirigido a mitigarlos. Éste, deberá contar con indicadores específicos que faciliten el reporte de información. 

Hoy en día algo más de la mitad de las compañías del índice bursátil realizan esta evaluación. Un porcentaje que nuevamente disminuye si hablamos de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial, situándose en un 10% de media entre grandes y pymes.

PASO 3: Contar con mecanismos de reclamación. 

Las empresas deben dar voz a aquellas personas que han visto sus derechos impactados por las acciones de la entidad. Para ello, hay poner en marcha mecanismos que posibiliten recibir quejas y reclamaciones y que ofrezcan soluciones a las mismas. 

Según nuestro último estudio, el 29% de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial disponen de este tipo de herramientas y en el caso de las empresas del IBEX 35 este porcentaje se eleva al 69% de los casos.

Es necesario subrayar la importancia de contar con estos mecanismos, pues fortalecen los procesos de debida diligencia al ayudar a identificar a tiempo posibles riesgos para los derechos humanos y mejoran las relaciones entre los grupos de interés.

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