Vivienda social y sostenibilidad económica
Javier Torres
presidente
Sareb nació en 2012 como un vehículo de resolución para hacer frente a la crisis planteada por las 24 antiguas cajas de ahorro que necesitaron ayudas públicas en España. En aquel contexto, recibió un mandato desinversor que una década después sigue plenamente vigente y que, coincidiendo con la toma de la mayoría de capital por parte del FROB, fue enriquecido con el principio de sostenibilidad y utilidad social.
Este nuevo marco permitió introducir en nuestro modelo de gestión el impacto social, lo que se tradujo en la puesta en marcha de novedosos programas en nuestras viviendas que nos han permitido avanzar en varias metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y de manera muy clara en el Objetivo 10 de Reducción de las desigualdades y en el Objetivo 11 de Ciudades y comunidades sostenibles.
Con los datos cosechados desde 2022, podemos afirmar que Sareb se ha convertido en un actor muy relevante del Estado en materia de vivienda social. Hemos ayudado a mejorar la vida de más de 20.000 personas vulnerables que residen en nuestras viviendas y hacerlo con un sentido económico para la compañía, lo que garantiza la viabilidad de este programa que contribuye a avanzar en la senda que marca la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra experiencia demuestra cómo la sostenibilidad económica y social pueden ir de la mano en planteados.
En septiembre de 2022, Sareb puso en marcha su Programa de Alquiler Social y Acompañamiento. Un año después, hemos aprobado más de 6.000 alquileres sociales. Detrás de esa cifra, hay familias en diferentes situaciones -muchas con discapacitados y menores- que ahora viven con contratos de alquiler regularizados y se han comprometido a trabajar con la ayuda de Sareb en su inserción socio laboral para superar distintas situaciones de riesgo de exclusión.
Para comprender cómo Sareb ha llegado a gestionar alquileres sociales, es necesario conocer el cometido con el que nació: transformar los préstamos de origen promotor, que heredó de las cajas de ahorro, en las viviendas que los avalaban para venderlas y repagar deuda. Un proceso que mantiene, durante los años que se extienden los procedimientos judiciales, muchas viviendas vacías en un país en el que escasea la oferta de vivienda social y asequible.
El 40% de las viviendas que se adjudica Sareb se hallan ocupadas por personas con muy diferentes casuísticas. El fenómeno de la ocupación ilegal en España es complejo y no se debe hacer un análisis simplista del mismo. Se mezclan casos de familias en situación de clara vulnerabilidad con casos delincuenciales.
El Programa de Alquiler Social con Acompañamiento nos permite ayudar a las personas vulnerables que habitan en nuestras viviendas y que se corresponsabilizan en mejorar su situación.
El punto de partida es realizar a cada residente sin título un scoring de su eventual grado de vulnerabilidad. Esto se lleva a cabo por trabajadores sociales especializados que visitan, puerta a puerta, a cada hogar. Cuando la familia colabora y el resultado de esa evaluación es positivo, se ofrece la firma de un contrato de alquiler social topando la renta en el 30% de sus ingresos, lo que supone su regularización, condicionado al compromiso de participar en un Plan de Acompañamiento Social y en un Plan de Inserción Laboral.
El Plan de Acompañamiento tiene como objetivo asegurarse que cada familia tenga acceso a todo el abanico de apoyos que las Administraciones ponen a disposición de los hogares vulnerables. Con frecuencia, la brecha digital es una barrera infranqueable para solicitar esas ayudas y contribuimos a superarla. Además, contempla propiciar su participación en programas específicos que promueven los ayuntamientos y organizaciones como Caritas o Cruz Roja. Mientras, el Plan de Inserción Laboral se apoya en el perfil individualizado de cada adulto y cubre la preparación de un CV, la participación en cursos de capacitación y la intermediación con bolsas de trabajo.
El objetivo es proporcionar a las familias medios para que puedan superar su condición de partida de vulnerabilidad. Una vez al año se revisa su estado y se actualiza la renta de alquiler adaptándola a las variaciones que hayan podido registrar sus ingresos. De este modo, no nos encontramos ante un programa asistencial, sino ante un programa basado en la corresponsabilidad que está contribuyendo a reducir las desigualdades de muchas familias en situación de riesgo de exclusión, lo que a su vez contribuye a crear ciudades y comunidades más cohesionadas y sostenibles.
Para ayudar a las personas vulnerables, también es necesario recuperar las viviendas que están habitadas de manera irregular por otro tipo de situaciones. En el caso de los individuos que no resultan ser vulnerables o que tras varios intentos no colaboran, se promueve la recuperación de la vivienda, gestión que en un 80% de los casos se logra de forma amistosa.
La experiencia de Sareb con este Programa está siento muy positiva. A los 12 meses de su lanzamiento teníamos ya 6.000 contratos de alquiler social formalizados o autorizados y otros 1.000 en estudio.
Se trata de un Programa que no solo beneficia a las familias vulnerables que quieran comprometerse en su propia mejora socio laboral, sino que también es una iniciativa positiva para las cuentas de Sareb por la revalorización que supone para su cartera regularizar estas viviendas. Este aspecto es importante, puesto que garantiza la sostenibilidad de este programa que nos permite avanzar en la Agenda 2030.
Desde su nacimiento, Sareb ha sido una compañía con vocación de servicio público. Dentro de su mandato desinversor, ha devuelto al Estado 20.000 millones de euros procedentes de la venta de parte de los activos tóxicos que heredó de un grupo de antiguas cajas de ahorro. Sin embargo, al aplicar los principios de sostenibilidad y utilidad social, Sareb ha dado un paso más y ha logrado promover lo que los economistas denominan un ‘juego de suma positiva’, es decir, una actividad en la que las dos partes -Sareb y los grupos sociales afectados- ganan.
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