Ayer, 16 de junio, celebramos en el marco del Leaders Summit – el mayor encuentro del año de UN Global Compact que reúne a líderes empresariales, representantes de la administración pública y líderes de la sociedad civil y la academia para debatir las principales cuestiones en desarrollo sostenible – un evento para ejemplificar el compromiso de los CEOs españoles con el respeto a los derechos humanos.

Los derechos humanos han sido el pilar fundamental del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde su origen, como la iniciativa empresarial de la ONU que los conecta con el sector privado a través de dos marcos: los Diez Principios del Pacto Mundial y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. De hecho, este evento se ha celebrado con motivo del décimo aniversario de éstos últimos, para fomentar su integración en las estrategias empresariales a través de casos reales de empresas españolas que ya han implementado este marco.

Según Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas y responsable de la inauguración del acto, “los Principios Rectores han supuesto un antes y un después; sin duda, son muy relevantes porque han introducido en el vocabulario empresarial conceptos tan importantes como la «debida diligencia» o los «mecanismos de reparación»”.

Durante su discurso Sánchez aprovechó para recalcar el importante papel de las empresas en la garantía de los derechos humanos afirmando que “en el contexto de un mundo que cambia rápidamente, surgen con frecuencia nuevos retos en materia de derechos humanos que las empresas deben identificar, mitigar y gestionar favorablemente.” Un mensaje que trasladó a los líderes empresariales, incidiendo en la importancia de que “la alta dirección esté muy involucrada en la introducción de esta nueva cultura empresarial y que pueda convencer a todos los empleados de todos los niveles de la importancia de introducir los derechos humanos en la gestión diaria de la empresa”.

Fue, de hecho, la alta dirección de las empresas españolas y en concreto los CEOs de Agbar, Bankinter, Bolton Food, Coca Cola Iberia, Fruits de Ponent, ICEX, Repsol y Taisi los protagonistas de esta sesión, que hablaron en primera persona de las acciones que están emprendiendo sus entidades en materia de derechos humanos.

Todos ellos coincidieron en que el respeto de los derechos humanos debe ser uno de los ejes centrales de la estrategia de sostenibilidad empresarial, para cuya integración el marco de los Principios Rectores es imperativo, pues acompaña y guía a las organizaciones en la detección y mitigación de riesgos en la materia, así como en el diseño de mecanismos de control y reparación. 

En palabras de Óscar Vicente, general manager de Bolton Food, “estos Principios Rectores son una herramienta fundamental, ya que nos muestra el camino a seguir para maximizar nuestra contribución positiva a este desarrollo, y nos ayudan a establecer los mecanismos para evitar, mitigar y reparar los posibles impactos negativos que podamos ocasionar en el desarrollo de nuestra actividad”.

Asimismo, la experta en derechos humanos, María Prandi, y Josu Jon Imaz San Miguel, CEO de Repsol, recordaron durante su intervención la aprobación de este marco disruptivo en el desempeño empresarial. 

En el caso de Prandi, señaló el carácter innovador de los Principios Rectores en cuanto a la forma, pues “tradicionalmente, en Naciones Unidas, las cuestiones se resuelven a través de tratados, convenciones, instrumentos internacionales”, y en cuanto al contenido, ya que introducen “el concepto de «debida diligencia» en Derechos Humanos, haciendo una combinación de lo que las empresas conocían, es decir, la debida diligencia financiera y, además, le une el concepto de respeto a los Derechos Humanos en base a todos los instrumentos internacionales que están reconocidos por la comunidad internacional”.

Por su parte, el CEO de Repsol se refirió a que “en esas fechas se establecieron los compromisos que debían asumir las empresas con un mensaje muy claro: tenemos un papel fundamental como agentes de cambio de la sociedad, además de respetar escrupulosamente los derechos humanos. Y desde entonces, hemos ido avanzando, empezando por nuestros propios empleados, en las condiciones laborales en todos los países donde operamos, en materia de seguridad y salud laboral, y también en las políticas de conciliación y diversidad, y siguiendo con nuestros contratistas, extendiendo también nuestro compromiso y apoyándoles, para que alcancen un mejor desempeño”.

El establecimiento de objetivos en materia de derechos humanos, así como en cualquier otra área de la sostenibilidad, es esencial para conseguir avances. Es por ello que las empresas participantes señalaron algunos de sus objetivos en derechos humanos. En particular, Juan Ignacio Elizalde, CEO de Coca-Cola Iberia, manifestó que el compromiso de la compañía para el año 2021 de que “el 95 % de nuestros proveedores autorizados cumplan con nuestra política de Derechos Humanos. Contamos, además, con mecanismos para que nuestros proveedores apoyen estos principios y les animamos a que adopten fórmulas similares en sus propios negocios”.

Fue precisamente la importancia de trasladar ese compromiso con los derechos humanos a la cadena de valor otro de los mensajes que más destacaron los líderes empresariales. Según Josep Presseguer, CEO de Fruits de Ponent, “nuestra mirada exterior se centra en el respeto de los derechos humanos en las cadenas de valor de nuestro sector empresarial. En este sentido, nuestros proveedores y clientes deben responder a mecanismos de homologación ética”.

Un mensaje que también incluyó Ángel Simón, Chairman de Agbar, quién resaltó que desde la entidad van a continuar extendiendo su compromiso con los derechos humanos “en toda la cadena de valor y en todas las geografías en las cuales operamos. Para ello, es más necesaria que nunca la colaboración público-privada, creando espacios de debate y de reflexión para reforzar todavía más nuestro compromiso con la ciudadanía”.

Y más allá de la cadena de valor, el objetivo de estas empresas es llegar y repercutir de forma positiva en la sociedad. En estos términos, Pedro Guerrero, Presidente de Bankinter, afirmó que “más allá del estricto cumplimiento y control en esta materia, las empresas tenemos la responsabilidad moral de utilizar nuestra influencia y nuestra capacidad de comunicación para trasladar a toda la sociedad mensajes que sirvan para promover el respeto a los Derechos Humanos a todos los niveles y, con ello, a contribuir a la Agenda 2030 para alcanzar ese escenario en el que los Derechos Humanos estén plenamente garantizados”.

De otro lado, Ruth Lázaro, CEO de Taisi, atestiguó que “el gran reto de la empresa no es solo proponer, no es solo respetar, no es solo proteger y hasta remediar lo que suceda con los derechos humanos, sino sumar, contribuir en todos los derechos humanos que tienen que estar detrás de todas nuestras actuaciones”.

Y es, en esencia, esa contribución a lograr un mundo mejor, lo que señaló en su discurso la consejera delegada de ICEX, María Peña, como una aportación de valor no sólo para la sociedad en general, sino también para la competitividad empresarial, expresando que “cuando una empresa incorpora el impacto social y medioambiental en su estrategia de negocio, refuerza su relación con todos sus grupos de interés, desde clientes y trabajadores, a proveedores, financiadores o reguladores, lo que la hace más competitiva y más capaz de internacionalizarse con éxito”.

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