La corrupción, definida por Transparencia Internacional como “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio”, se ha convertido en una de las principales problemáticas del siglo XXI. Por ello, la lucha contra esta amenaza, contemplada en el décimo Principio del Pacto Mundial, y en la Agenda 2030 mediante el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas, se ha establecido como una prioridad para muchas empresas y administraciones. De hecho, la anticorrupción se sitúa como el segundo bloque más trabajado por las grandes empresas según el análisis que ha realizado la Red Española del Pacto Mundial de las memorias de sostenibilidad presentadas en el año 2018, cuyas principales conclusiones se pueden leer en la publicación recientemente presentada “Comunicando el Progreso 2018”.

En concreto, del estudio se desprende que el 79% de las empresas consultadas disponen de políticas o prácticas en el área de lucha contra la corrupción. Este porcentaje es mayor si hablamos sólo de las grandes empresas, que las tienen en un 87% de los casos. Sin embargo, las pymes tampoco obtienen un mal resultado en este área, siendo un 76% el porcentaje de pequeñas y medianas empresas que disponen de estas herramientas. Como dato significativo hay que destacar que estas mismas empresas no reportan trabajar en la consecución del ODS 16. De hecho, en el caso de las grandes empresas, únicamente el 10% de ellas indica trabajar en el Objetivo 16.

Principios de lucha contra la corrupción

A pesar de los datos anteriores y de que el 69% de las empresas consultadas incluya la lucha contra la corrupción dentro de su código de conducta, al bajar al detalle sobre el establecimiento de políticas explícitas contra la corrupción, el porcentaje disminuye notablemente, llegando a un 31% en el caso de las pymes y un 58% en el caso de las grandes empresas.

De esta forma, aunque el compromiso de las organizaciones pueda parecer fehaciente, el hecho es que tan solo la mitad de las empresas lleva a cabo una política específica de tolerancia cero ante la corrupción.

Por otro lado, el 53% de las grandes empresas consultadas afirma que cuenta con un órgano especializado en lucha contra la corrupción, así como un 17% de las pymes. Respecto a la regulación específica de las donaciones políticas y de donaciones al tercer sector, en el primer caso, tan solo el 4% de las empresas consultadas dispone de este tipo de regulación.  El porcentaje de empresas que tiene una política sobre las donaciones al tercer sector aumenta a un 15%.

En cuanto al seguimiento de los pagos y regalos, el porcentaje medio de las empresas que lo realizan es del 13%, siendo un 29% el porcentaje medio de las empresas que dispone de una política de regalos específica. Finalmente, tan solo el 9% de las empresas consultadas dispone de una política contra el fraude.

Medidas tomadas para implementar el Principio de lucha contra la corrupción

La medida más destacada a nivel general (45%) es la accesibilidad pública de la política anticorrupción de la empresa. Sin embargo, si hablamos particularmente de las grandes empresas, el primer puesto lo ocupa el canal de denuncias anónimas, el cual poseen el 47% y que se sitúa como un aspecto esencial para identificar los casos de corrupción. De hecho, según un estudio de la Association of Fraud Examiners, un 47,3% de los fraudes son detectados mediante denuncias internas en organizaciones que disponen de un canal de denuncias, mientras que el porcentaje es del 28,2% para organizaciones que no disponen de este mecanismo.

Otras de las medidas destacadas en todas las empresas son: el establecimiento de un sistema de sanciones en caso de incumplimiento de la política anticorrupción (33%), la difusión de campañas públicas de prácticas en anticorrupción y la posesión de un sistema de gestión que trata el soborno y la anticorrupción (31%).

El compromiso del IBEX 35 con el Principio 10

Todas las empresas del IBEX 35 incluyen en sus memorias de sostenibilidad sus valores corporativos y disponen de un código ético o código de conducta. Sin embargo, hay que resaltar que tan solo la mitad de ellas reporte sobre los casos confirmados de corrupción y las medidas adoptadas tras su identificación. Además, si hablamos de códigos éticos específicos, únicamente el 37% (13/35) de las empresas del IBEX 35 dispone de un código ético a proveedores, un mecanismo que permite trasladar el compromiso de la entidad a su cadena de suministro.

Por otro lado, si hablamos del canal de denuncias, es cierto que todas las empresas del índice bursátil disponen de un canal de denuncias propio, pero únicamente 14 de éstas reportan específicamente información sobre las denuncias recibidas desglosándolas por tipología, región, etc.

Por último, como dato favorable a destacar se encuentra la gestión de programas de capacitación y sensibilización en anticorrupción, los cuales son ofrecidos por el 60% de las empresas del IBEX 35, frente al 27% del resto de empresas que no forman parte del selectivo. La importancia de estas acciones es fundamental ya que suponen un valor añadido para las empresas, favoreciendo la creación de una cultura empresarial basada en los valores éticos de las entidades y en su compromiso ante la anticorrupción.

Descarga la publicación.